Se acortan los tiempos para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 70/23 del presidente Javier Milei, que desregula gran parte del Estado. Hasta ahora, el mensaje era que debía resolverlo la política y evitar la judicialización. Pero en las últimas horas la percepción es que difícilmente la política llegue a una solución.